Corte Suprema Reorienta Criterios en Casos Fiscales y Salariales del Poder Judicial

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mostrado cambios significativos en su criterio, atrayendo un caso fiscal multimillonario contra FEMSA a petición de la ministra Lenia Batres, días después de haberlo rechazado. Simultáneamente, el presidente de la Corte ordenó eliminar suspensiones que protegían los altos salarios de jueces y magistrados, alineando al Poder Judicial con la política de austeridad del Ejecutivo. La Suprema Corte, por una votación de 6 a 3, aceptó revisar un caso de presunta deuda fiscal de 2.8 mil millones de pesos contra FEMSA a solicitud de la ministra Lenia Batres, apenas una semana después de haber rechazado el mismo caso por 8 a 1. Este giro sugiere una nueva disposición para intervenir en disputas fiscales de alto valor, estableciendo potencialmente un precedente de que la cuantía económica de un caso es razón suficiente para la intervención de la Corte. En una acción separada pero relacionada, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, ordenó a tres jueces federales revocar todas las suspensiones otorgadas en amparos contra la reforma judicial de 2024. Esta medida se dirige específicamente a las protecciones que habían mantenido los salarios de magistrados de circuito y jueces de distrito por encima del salario del presidente, en contraste con los ministros de la Suprema Corte que ya habían reducido sus propios sueldos. La orden de Aguilar se basa en un fallo anterior de la Corte que consideró los amparos improcedentes por tratarse de materia electoral (la elección de jueces) y que la reforma constituye un sistema indivisible. Esta acción elimina efectivamente el escudo legal que impedía la reducción salarial para cientos de jueces y magistrados federales.

En resumen

Recientes acciones de la Suprema Corte, incluyendo la reversión en el caso fiscal de FEMSA y la orden de levantar las protecciones salariales para jueces, señalan un cambio significativo en el poder judicial, demostrando una mayor disposición a intervenir en asuntos fiscales importantes y a alinearse con las políticas de austeridad del ejecutivo.