Este patrón ha encendido las alarmas sobre la violencia dirigida a líderes con bases sociales fuera de los partidos tradicionales.

El caso de Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre, ha revelado una trama aún más compleja. Las investigaciones apuntan a que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ofreció dos millones de pesos por su muerte. Además, se ha implicado a Roldán Álvarez Ayala, Consejero Estatal de Morena en Michoacán, como presunto líder de la célula del CJNG que ordenó el crimen. La investigación también ha resultado en la detención de siete escoltas del propio Manzo, acusados de homicidio por omisión, y se reveló que el joven autor material fue abatido por uno de los escoltas cuando ya estaba sometido, eliminando a un testigo clave. Estos homicidios, que se suman a una lista de al menos 14 actores políticos asesinados en Veracruz en 2025, evidencian un entorno de alto riesgo para el ejercicio político y una profunda crisis de seguridad que desafía la narrativa de pacificación del gobierno.