¡No!

Más fuerte soy, más fuerte”.

Esta postura ha sido interpretada como una señal de intolerancia. El oficialismo ha reforzado esta línea, acusando directamente al PAN y a empresarios como Ricardo Salinas Pliego de financiar y promover las marchas. La presidenta de Morena, Luisa Alcalde, exhibió un contrato del PAN con Edson Saúl Andrade, señalado como uno de los principales impulsores de la marcha. Morena en el Congreso de la Ciudad de México anunció la creación de una comisión especial para investigar los actos violentos y la presunta implicación de alcaldes de oposición. Por su parte, la oposición, principalmente el PAN, ha defendido las protestas como una expresión legítima de descontento. Sin embargo, la presencia de grupos violentos como el 'bloque negro' y el vandalismo registrado han permitido al gobierno desacreditar la movilización en su conjunto. Análisis sociométricos indican una alta presencia de bots y una fuerte inversión económica en redes para impulsar la conversación, lo que alimenta la narrativa gubernamental de una 'operación encubierta' de la 'ultraderecha'.