A esta demanda se suman exigencias de precios de garantía justos para el maíz y otros granos, así como un cese a la inseguridad en las carreteras, donde denuncian ser víctimas constantes de robos y extorsiones.

La respuesta del gobierno ha sido ambivalente.

La presidenta Sheinbaum ha calificado las protestas como un movimiento con “motivaciones políticas” de quienes buscan “mantener privilegios”, particularmente en el acaparamiento de agua. Por su parte, la Segob, bajo el mando de Rosa Icela Rodríguez y el subsecretario César Yáñez, ha intentado negociar, pero condicionando el diálogo al levantamiento de los bloqueos, una postura que los líderes de las protestas, como Eraclio “Yako” Rodríguez, han calificado como una “imposición” y una “vacilada”. Esta falta de acuerdos ha llevado a los manifestantes a advertir con la intensificación de las protestas, incluyendo el posible cierre de todos los accesos a la Ciudad de México. El conflicto revela una fractura significativa, donde el gobierno federal percibe una defensa de intereses particulares y la oposición, mientras los sectores productivos denuncian un abandono histórico y una amenaza directa a su supervivencia económica.