Con la corrección, los funcionarios omisos enfrentarán de 10 a 20 años de prisión.

La pena base para la extorsión se fijó entre 15 y 25 años, pero se contemplan 34 agravantes que elevan el castigo. Durante el debate, la bancada del PRI fue la única en votar en contra de un artículo en lo particular, advirtiendo que la redacción de la fracción quinta del artículo 17 podría ser utilizada para “criminalizar a la prensa” y coartar la libertad de expresión, una preocupación que no fue atendida por la mayoría. Por su parte, Ricardo Monreal defendió el proceso bicameral y, aunque se declaró “garantista”, aceptó los cambios del Senado y asumió la responsabilidad de la votación.