Ahora, la gobernadora enviará una propuesta al Congreso, que deberá ser ratificada por dos terceras partes. Sin embargo, si la legislatura no aprueba la primera o una segunda propuesta, la titular del Ejecutivo tendrá la facultad de designar directamente al fiscal de entre los dos perfiles previamente rechazados. Además, la gobernadora podrá remover al fiscal por “causas graves”, una decisión que el Congreso solo podrá objetar con la misma mayoría calificada. La oposición, representada por el PAN y Movimiento Ciudadano, denunció la reforma como un “grave retroceso” a la autonomía de la FGE y una concentración de poder que podría derivar en persecución política. La medida es vista como una acción con “clara dedicatoria” para facilitar la salida de la actual fiscal, Verónica Hernández Giadáns, quien ha sido cuestionada por su cercanía con el exsecretario de Gobierno, Eric Cisneros, y por la falta de resultados en materia de derechos humanos y procuración de justicia. Con esta reforma, Veracruz se alinea a un modelo donde el poder ejecutivo estatal consolida su control sobre el aparato de justicia.