Las preocupaciones del sector agrícola se centran en varios puntos.

Primero, temen que la reforma elimine la posibilidad de heredar o transferir los derechos de las concesiones de agua junto con la tierra, lo que devaluaría sus propiedades. Segundo, rechazan la eliminación de la retroactividad en la ley, que podría afectar pozos de uso histórico. La presidenta Sheinbaum ha defendido la reforma, afirmando que “el agua es un derecho, no un privilegio y no una mercancía” y criticando a quienes, según ella, acaparan el recurso.

Sin embargo, la presión de los bloqueos forzó al gobierno y al Congreso a negociar. El diputado Ricardo Monreal confirmó que se están preparando más de 30 modificaciones a la iniciativa presidencial para atender las inquietudes de los productores. Entre los acuerdos logrados para levantar los bloqueos, se incluyó la garantía del volumen de agua que actualmente utilizan los productores y la protección del binomio agua-tierra. La Dirección de la CONAGUA ha acompañado los trabajos legislativos, indicando que el gobierno está dispuesto a ajustar el dictamen para asegurar que la reforma no afecte al campo. Este conflicto evidencia la tensión entre la visión del gobierno de un mayor control estatal sobre los recursos naturales y la defensa de los derechos adquiridos por parte de los sectores productivos.