Entre las más importantes, se reincorporó la garantía para que los derechos de agua se trasladen junto con la tierra en casos de sucesión o venta, conservando el mismo volumen y uso. Para ello, se agregaron los artículos 37 Bis 1 y 37 Bis 2, que establecen un plazo de 20 días para que la autoridad expida nuevos títulos. El secretario de Agricultura, Julio Berdegué, defendió la esencia de la reforma, afirmando que “no cederemos en lo esencial”, que es garantizar el agua como un derecho humano y no como una mercancía sujeta al mercado, un principio que, según él, se desordenó desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Pese a las modificaciones, organizaciones ciudadanas alertaron que el dictamen podría “perpetuar la ley salinista” al conservar estructuras que permiten la sobreexplotación. Líderes agrícolas como Eraclio “Yako” Rodríguez y Baltazar Valdez celebraron los cambios como un triunfo, pero advirtieron que permanecerán vigilantes para que los acuerdos se respeten en la votación final, prevista para el 3 de diciembre.