Esta medida, justificada bajo un discurso de austeridad, representa una significativa concentración de poder y ha sido criticada por el mínimo presupuesto asignado a los nuevos organismos sustitutos. Con reformas a la Constitución aprobadas en 2024 por la mayoría de Morena y sus aliados, se extinguieron instituciones como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI, antes IFAI). También desaparecieron la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Sus atribuciones fueron transferidas a nuevas entidades desconcentradas o descentralizadas dentro de secretarías de Estado. El presupuesto anual de estos órganos, que en 2024 sumaba 4,409 millones de pesos, fue absorbido. Sin embargo, para 2026, los organismos sustitutos apenas contarán con 261 millones de pesos, un 5.9% del monto original. Por ejemplo, la nueva Comisión Nacional Antimonopolio, que debe asumir las tareas de la Cofece y el IFT, no tiene un solo peso asignado en el presupuesto de 2026, a pesar de tener una página web en el sitio de la Secretaría de Economía. De manera similar, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), aunque ya cuenta con un Reglamento Interior emitido por la presidenta Sheinbaum, no tiene presupuesto asignado para el próximo año. El nuevo órgano desconcentrado “Transparencia para el Pueblo”, adscrito a la Secretaría Anticorrupción, operará con solo 25 millones de pesos, una cifra que la exdiputada María Elena Pérez-Jaén considera insuficiente incluso para el mantenimiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, calificando la asignación de “migajas”.