Pérez Morales señaló que el SNA fue diseñado para ser una política de Estado que fiscalizara a los tres niveles de gobierno y a los tres Poderes de la Unión, pero esto no ha ocurrido. La inoperancia se debe, en parte, a la falta de nombramientos clave, como los magistrados anticorrupción al final del sexenio de Peña Nieto, y a la eliminación del INAI durante la administración de López Obrador. La presidenta del CPC también criticó la actitud de algunos de sus integrantes, acusándolos de tomar el cargo como “una beca” sin cumplir con sus obligaciones. Acusó directamente al auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo, de ausentarse de las sesiones del SNA durante cinco años.

Además, denunció haber recibido amenazas por solicitar investigaciones sobre presuntos casos de corrupción.

En sintonía con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también ha admitido que el sistema “no funciona a plenitud”, Pérez Morales trabaja en una propuesta de reforma con legisladores de Morena. La reforma buscaría garantizar la protección a denunciantes, incluir a la Secretaría de Hacienda (SAT y UIF) en el sistema, establecer mecanismos de recuperación de activos y reducir la burocracia. La situación es crítica, ya que el CPC opera con solo tres de cinco integrantes, y en febrero de 2026, con la salida de Pérez Morales, perderá el quórum para convocar a sesiones, lo que paralizaría por completo al SNA.