Como resultado, el dictamen modificado reincorporó el respeto al “binomio tierra-agua”, permitiendo que las concesiones se hereden o vendan junto con los predios. Además, se ajustaron las penas para acotar el delito de robo de agua, excluyendo el desvío para uso personal o agropecuario familiar y definiendo el dolo.

A pesar de estos cambios, la desconfianza persiste.

Líderes como Eraclio Rodríguez, del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, declararon que se mantienen en “alerta máxima”, pues aún faltan por incluir demandas como el reconocimiento de los pozos ganaderos.

Por su parte, organizaciones como Agua para la Vida advierten que la ley “pretende perpetuar la ley salinista” al no prohibir explícitamente la privatización y mantener la discrecionalidad de Conagua. La oposición, a través del PRI y de la presidenta de la Cámara, Kenia López Rabadán, ha buscado capitalizar el descontento, proponiendo más foros y recibiendo a los productores para escuchar sus propuestas adicionales.