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Recorrer la elección judicial a septiembre e imponer obligaciones y sanciones a las autoridades que obstaculicen la labor de fiscalización y el rastreo de financiamiento ilícito en campañas, así sean la Unidad de Inteligencia Financiera o la Fiscalía General de la República, son dos de las propuestas más relevantes de poco más de 200 que entregará el Instituto Nacional Electoral este lunes a la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral.Mientras que una de las más relevantes que no logró consenso como una propuesta institucional, fue que el INE pueda frenar procesos internos partidistas que implican violaciones a las normas electorales, como el fenómeno de las llamadas ‘corcholatas’ que generó inequidad en la contienda bajo la bandera de la autodeterminación partidista.MILENIO tuvo acceso a las propuestas que entregará el Consejo General del INE y consultó a las consejerías que confirmaron, que tal como se preveía, tras la votación de 314 propuestas, únicamente el cambio de fecha de la elección judicial obtuvo unanimidad, aunque ésta fue de 10 votos pues como este medio anticipó, la consejera Claudia Zavala informó que no participaría por no estar de acuerdo con el procedimiento.Un poco más de 100 propuestas logró mayoría calificada de ocho votos y otro centenar mayoría de seis, por lo que se acordó integrar al documento 240 propuestas que lograron al menos seis votos, con lo que, como en cualquier votación del Consejo General, se considera una decisión institucional.Adicional a este listado, las consejerías acordaron entregar un anexo con otras 100 propuestas que se quedaron en cinco votos o menos, especificando cuál consejero o consejera la propuso, para que la Comisión Presidencial pueda considerarlos. Hubo consejerías que presentaron un centenar de ideas.En este anexo de propuestas sin consenso, destaca la de varias consejerías que con diferente redacción, buscaban que el INE pudiera entrar a regular decisiones internas de los partidos a fin de blindar la equidad en las elecciones.Como establecer “el reconocimiento expreso de la facultad del INE para invalidar actos partidistas que contravengan derechos fundamentales o principios constitucionales, sin que ello sea considerado una intromisión indebida en la vida interna de los partidos”.También “el establecimiento de mecanismos de control jurisdiccional que ponderen de manera equilibrada la autonomía partidista y los derechos de la militancia, evitando que la autodeterminación se convierta en un escudo para el incumplimiento normativo” refiriéndose a que se deben respetar los tiempos de precampaña y campaña sin procesos novedosos como lo fueron las llamadas ‘corcholatas’.O “la inclusión en la legislación electoral de criterios vinculantes para la adecuación normativa interna de los partidos en materia de paridad de género y prevención de violencia política de género”, para evitar que en estos procesos internos se manipule el acceso de las mujeres a estos espacios.En contraste, el Consejo General cerró filas para explicar todas las complicaciones que implica que la segunda elección judicial de 2027 con más de 800 cargos a renovarse, sea concurrente con la elección federal intermedia para renovar la Cámara de Diputaciones y las locales de 17 entidades que implican el mismo número de gubernaturas, congresos locales y cientos de ayuntamientos, por lo que acordaron proponer concretamente que se recorra a mediados de septiembre.El razonamiento para proponer septiembre, es que en octubre comienzan los problemas climatológicos en varias entidades, por lo que, mediados de septiembre es la fecha ideal para que las autoridades electorales concluyan todo lo relacionado con la elección federal intermedia y las gubernaturas, las impugnaciones e incluso, ya haya entrado en funciones la nueva legislatura de la Cámara de Diputados, y entonces sí, pueda realizarse la jornada electoral judicial.Otro tema relevante para el Consejo General es mejorar la fiscalización y acabar con los obstáculos que el INE ha enfrentado en los últimos años, por la negativa de autoridades federales o estatales para entregarles información, lo que les impide el rastreo de dinero ilícito o financiamiento ilegal en las campañas, orillándolos a cerrar las investigaciones y no poder imponer sanciones.Por lo que se propone que el secreto ministerial no sea aplicable para la autoridad electoral durante el proceso de fiscalización, pues “en 30 años el INE ha pasado por el secreto bancario, fiduciario y ahora penal o ministerial” que les impide rastrear el financiamiento político y electoral.Este planteamiento incluye a autoridades como el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o incluso la Fiscalía General de la República que se ha negado a acatar sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para entregar información sobre investigaciones que tienen en curso y que a la par, rastrea desde el área administrativa el INE.La idea es, que si bien el Consejo General no tiene facultades para sancionar a estas autoridades, la reforma electoral establezca las consecuencias de que no se cumpla lo que ya se prevé, respecto a que la fiscalización de campañas es una responsabilidad del Estado Mexicano, por lo que el INE daría vistas a las autoridades correspondientes legalmente establecidas. El INE pretende reforzar además, con el uso de tecnologías, la verificación del origen, destino, aplicación y monto del financiamiento en campañas, por lo que también plantearon que la legislación debe abordar los activos virtuales que hasta ahora, siguen sin regulación.Otra propuesta relacionada con este rubro de fiscalización es que se imponga a las plataformas digitales, como Facebook o X, que tengan oficinas con domicilio en territorio nacional, y que la reforma le dé facultades al INE para fiscalizar estos espacios. Esto deriva de que en los últimos años, las redes sociales han sido un espacio de propaganda sin ningún tipo de regulación y al momento de requerir información, las oficinas se encuentran en el extranjero y ésta pocas veces es respondida con prontitud.Las consejerías explicaron a este medio que debido a que el acuerdo con la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral encabezada por Pablo Gómez fue desde agosto pasado entregar una lista de temas importantes a valorar, no se entregará un documento formal con evaluaciones de áreas técnicas como el que circuló en noviembre la Secretaría Ejecutiva pero que finalmente quedó relegado tras tener casi 400 observaciones, y que ante el rechazo, la consejera presidenta Guadalupe Taddei calificó como un “saque inacabado”.Por lo que se entregará sólo el listado de propuestas con los razonamientos del porqué es importante considerarlo en la próxima reforma electoral para mejorar el sistema de elecciones, y las rechazadas con el nombre y planteamiento de cada consejería.

Milenio