El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, continúa generando una profunda crisis política en Michoacán, marcada por la insatisfacción de su viuda y sucesora, Grecia Quiroz, quien ha denunciado públicamente que la investigación está incompleta y no presenta avances reales. “No estoy satisfecha con los resultados y voy a seguir exigiendo justicia para Carlos Manzo”, declaró Quiroz, advirtiendo que existen líneas de investigación que la fiscalía no ha explorado. La tragedia y sus secuelas han puesto de relieve no solo la persistente violencia en la región, sino también una creciente desconfianza ciudadana hacia las autoridades. Una encuesta de Enkoll reveló que el 51% de los mexicanos califica como “mala o muy mala” la respuesta del gobierno federal al magnicidio. Este escepticismo se extiende a la posibilidad de que el caso se esclarezca, ya que solo el 34% cree que todos los responsables serán castigados.
El crimen ha avivado también las tensiones políticas.
Quiroz ha sentenciado que no aceptará presiones ni “intentos de cooptación partidista” del PAN, PRI o Morena, y que se mantendrá independiente. Por su parte, el diputado de Morena Leonel Godoy, señalado por Quiroz, ha calificado las acusaciones de “politiquería”, negando que el asesinato tuviera una motivación política y afirmando que Manzo no era un adversario formidable.
En resumenEl asesinato aún no esclarecido del alcalde Carlos Manzo se ha convertido en un epicentro de inestabilidad política en Uruapan, donde su sucesora desafía abiertamente la investigación oficial. El caso refleja una crisis más amplia de confianza en la capacidad de las instituciones para impartir justicia y garantizar la seguridad en una región fuertemente afectada por el crimen organizado.