En un operativo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en coordinación con fuerzas federales y estatales, se detuvo a 12 presuntos integrantes de esta organización. Simultáneamente, en Los Mochis, Sinaloa, se aseguraron 320 kilos de metanfetamina.

Estos operativos reflejan un esfuerzo por desmantelar las redes delictivas en diversas regiones.

Sin embargo, la violencia persiste de manera brutal. El ataque con un coche bomba frente a la base de la policía comunitaria en Coahuayana, Michoacán, dejó un saldo de cinco muertos, tres de ellos policías comunitarios, y doce heridos. La Fiscalía General de la República (FGR), ahora dirigida por Ernestina Godoy, atrajo el caso. Inicialmente, la FGR abrió la investigación por el delito de “terrorismo”, lo que generó controversia por las implicaciones que tendría alinear la narrativa con la de Estados Unidos, que busca designar a los cárteles como organizaciones terroristas. Posteriormente, la FGR rectificó y comunicó que la investigación era por “delincuencia organizada”.

Críticos de la oposición, como el priista Alejandro Moreno y el panista Carlos Quintana, utilizaron el incidente para señalar el fracaso del “Plan Michoacán” y acusar al gobierno de Morena de celebrar en el Zócalo mientras el país “está en llamas”.