Guatemala Autoriza Nuevos Cargos contra Javier Duarte por Desfalco Millonario

El futuro legal del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se ha complicado significativamente tras la autorización del gobierno de Guatemala para que la Fiscalía General de la República (FGR) de México formule nuevas imputaciones en su contra. Este giro judicial podría impedir su liberación anticipada, prevista para abril de 2026, y marca un avance clave en uno de los casos de corrupción más grandes en la historia reciente del país. La decisión de Guatemala responde al principio de “regla de especialidad” en derecho internacional, que impide procesar a una persona extraditada por delitos distintos a los que motivaron su entrega. Duarte fue extraditado en 2017 únicamente por lavado de dinero y asociación delictuosa, cargos por los que fue sentenciado. La nueva autorización permite a la FGR proceder por peculado, un delito federal relacionado con el presunto desvío de más de 62 mil millones de pesos en recursos federales, principalmente del sector salud, durante su administración (2010-2016). La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) ya presentó la primera acusación formal ante un juez federal del Reclusorio Norte. Aunque la audiencia inicial fue pospuesta por un padecimiento de salud del exgobernador, se espera que sea reprogramada próximamente. Este avance es solo el comienzo, ya que existen cerca de cien carpetas de investigación abiertas contra la administración de Duarte, basadas en denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y otras entidades. Si la FGR logra que se le dicte prisión preventiva justificada por estos nuevos cargos, la posibilidad de que Duarte abandone la cárcel en 2026 quedaría prácticamente anulada, redefiniendo el rumbo de su situación jurídica y sentando un precedente sobre la capacidad del Estado mexicano para perseguir la corrupción a pesar de las complejidades de la extradición.

En resumen

La autorización de Guatemala para que la FGR impute nuevos delitos a Javier Duarte representa un cambio de poder significativo en el sistema de justicia. Esta acción no solo pone en riesgo la liberación del exgobernador en 2026, sino que también demuestra una renovada capacidad del Estado mexicano para perseguir casos de corrupción de alto perfil con implicaciones internacionales.

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