García Harfuch explicó que, según la legislación mexicana e internacional, el terrorismo busca “imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales”, lo que no ocurrió en este caso.

En cambio, se trató de “actos criminales para ampliar sus actividades”, como el control territorial y el tráfico de drogas. El secretario identificó a las organizaciones involucradas como células afines al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Tepalcatepec y Cárteles Unidos.

La presidenta Sheinbaum también negó que fuera un ataque directo contra su gobierno, enmarcando el suceso en “la situación de los grupos delictivos que hay ahí”. El incidente pone a prueba el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, implementado recientemente, y ha sido calificado por la oposición, como el priista Memo Valencia, como un “ataque terrorista” que requiere ayuda urgente para la región.