La propuesta para implementar la figura de “jueces sin rostro” en México, una de las reformas más controvertidas del sistema de justicia, ha sido pospuesta en el Senado hasta el próximo periodo de sesiones en febrero de 2026. La decisión, tomada por las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, refleja la complejidad política y las preocupaciones sobre derechos humanos que rodean la iniciativa, la cual busca proteger la identidad de los juzgadores en casos de delincuencia organizada. La presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado su apoyo a este mecanismo, argumentando que es necesario para “proteger la vida de los jueces” que enfrentan riesgos en juicios de alto impacto. La iniciativa presidencial propone modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales para permitir que, de forma excepcional, se resguarde la identidad de los juzgadores.
Sin embargo, la propuesta ha encontrado una fuerte resistencia.
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) han advertido que esta figura “vulnera las garantías judiciales, la independencia judicial y el debido proceso”, y contraviene estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La oposición en el Senado, incluyendo al PAN, también ha expresado su preocupación por posibles violaciones a los derechos humanos.
El presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Javier Corral, explicó que, aunque el dictamen estaba listo, se necesita más tiempo para ajustarlo y considerar las observaciones de diversos legisladores, con el fin de elaborar un proyecto “más completo”. Este aplazamiento evidencia un cambio en la dinámica de poder dentro del Legislativo, donde una reforma prioritaria para el Ejecutivo se ve obligada a una pausa para una mayor deliberación y negociación, mostrando que su aprobación no será un mero trámite.
En resumenLa postergación de la reforma sobre 'jueces sin rostro' revela una importante pugna de poder en el Senado, donde las presiones de la sociedad civil y la oposición han frenado temporalmente una iniciativa clave del Ejecutivo. Este hecho subraya el debate entre la necesidad de proteger a los jueces y el riesgo de vulnerar el debido proceso y los derechos humanos en el sistema de justicia mexicano.