Ofensiva Nacional Contra la Extorsión
El gobierno de México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, ha lanzado una ofensiva coordinada contra la extorsión, identificada como un desafío prioritario para la seguridad nacional. La nueva Ley General en la materia y el Acuerdo Nacional correspondiente instruyen a los gobernadores a homologar sus legislaciones locales para que el delito se persiga de oficio y con sanciones más severas. Este cambio representa un giro fundamental en la estrategia de seguridad, al elevar la extorsión de un delito predominantemente estatal, dependiente de la denuncia ciudadana, a uno de carácter federal cuya investigación no recae en la víctima. Durante la 52ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la presidenta Sheinbaum expresó su confianza en que la nueva estrategia rendirá frutos: “creo que trabajando juntos, el próximo año, a finales del próximo año, [...] podemos decir que juntos hemos bajado de manera importante este delito de la extorsión”. El acuerdo fue aprobado por unanimidad por los 32 gobernadores, quienes se comprometieron a presentar las reformas legislativas en sus congresos locales antes de finales de enero de 2026. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, como parte de la estrategia, ya han sido detenidas más de 600 personas en 22 entidades. Por su parte, la nueva fiscal general de la República, Ernestina Godoy, se comprometió a fortalecer la coordinación con el gabinete federal y las fiscalías estatales, anunciando un plan de seis ejes que incluye la modernización de la Agencia de Investigación Criminal y la reorientación de recursos hacia delitos de alto impacto. La medida también contempla la creación de un manual de operación para las fiscalías especializadas y el fortalecimiento del número de denuncia anónima 089, consolidando un frente unificado que busca desarticular las redes criminales que operan a través de este ilícito.



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