Esta medida, parte del "Plan México", busca proteger la industria nacional y el empleo, aunque ha generado tensiones diplomáticas con naciones como China y Corea del Sur.

La reforma, aprobada por el Senado, afecta a 1,463 fracciones arancelarias de sectores estratégicos como el automotriz, textil, calzado, plástico y juguetes. El gobierno federal justificó la medida argumentando que era necesaria para salvaguardar aproximadamente 325,000 empleos en industrias vulnerables a la competencia desleal y la "invasión de importaciones". Los aranceles, que entrarán en vigor 30 días después de su promulgación, oscilan entre el 20% y 35% para la mayoría de los productos, pero alcanzan hasta un 50% en automóviles y electrónicos. En respuesta, el Ministerio de Comercio de China calificó la decisión como “unilateralismo y proteccionismo” y pidió a México corregir la práctica.

La presidenta Sheinbaum aclaró que los aranceles “no están dirigidos a China, eso es muy importante aclararlo. Es a los países con los que no hay tratados de libre comercio”. Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, defendió la medida como una acción “económica y comercial”, no política, argumentando que algunas empresas bajan artificialmente sus precios con ayuda de sus gobiernos. El sector industrial mexicano, a través de organizaciones como Canacero y Concamin, ha respaldado la reforma, considerándola una herramienta vital para la producción nacional y una política industrial coherente.