La controversia escaló cuando Trump exigió la entrega de 200,000 acres-pies de agua antes del 31 de diciembre, calificando la situación como “muy injusto para los agricultores de Estados Unidos”. En respuesta, la presidenta Sheinbaum ratificó la voluntad de cumplir con la entrega “que se pueda”, pero invocó la cláusula del tratado que contempla la posibilidad de diferir el pago al siguiente quinquenio en caso de sequía extraordinaria. “Tiene que haber un reconocimiento de ambos países de que fueron cinco años de sequía”, afirmó la mandataria.

Por su parte, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) de México lanzó una advertencia contundente, afirmando que pagar el agua en las condiciones actuales pondría en riesgo el consumo humano y la producción agrícola en seis estados fronterizos (Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California). Jorge Esteve Recolons, presidente del CNA, declaró que la medida “generaría mucha hambre y mucho daño en la zona”, además de una migración que “nadie podría parar”. La disputa se ha convertido en un punto crítico en la agenda bilateral, poniendo a prueba la capacidad de ambos gobiernos para negociar una solución que equilibre las obligaciones del tratado con la crisis hídrica que afecta a la región.