La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado presuntas irregularidades en la entrega de concesiones de agua en Chihuahua durante administraciones pasadas, apuntando directamente a la familia LeBarón. Esta declaración ha desencadenado una confrontación política en el Congreso del estado, donde se ha solicitado una investigación formal que involucra a un exdelegado de CONAGUA y actual figura de Morena, y a su esposa, también diputada de ese partido, evidenciando complejas dinámicas de poder y corrupción en el manejo de recursos hídricos. Tras las afirmaciones de la presidenta sobre “pozos presuntamente irregulares” y el “acaparamiento de concesiones”, el diputado del PAN, Carlos Olson, presentó un Punto de Acuerdo en el Congreso de Chihuahua para solicitar a la CONAGUA y a la SEMARNAT informes detallados sobre los permisos otorgados entre 2013 y 2018. La petición apunta a Alejandro LeBarón, quien fue titular de CONAGUA en el estado en ese periodo, y a su esposa, la hoy diputada de Morena Brenda Ríos, quien fungió como delegada de SEMARNAT.
Olson afirmó que “en Chihuahua no puede existir un ‘cártel del agua’”.
En respuesta, la diputada Ríos solicitó que la investigación se ampliara para abarcar desde 1992 hasta la fecha, moción que fue aprobada. Posteriormente, el diputado Alfredo Chávez, también del PAN, solicitó que se diera vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que realizara una investigación amplia sobre posibles delitos cometidos desde 1992, lo que también fue aprobado por mayoría.
Este enfrentamiento político expone las tensiones entre facciones y partidos, utilizando un tema de alta sensibilidad como el agua para ajustar cuentas políticas que involucran a figuras de Morena con un pasado ligado al PRI y al duartismo.
En resumenLo que inició como una declaración presidencial sobre la gestión del agua en Chihuahua se ha transformado en una batalla política en el Congreso estatal. La investigación solicitada sobre las concesiones otorgadas a la familia LeBarón expone presuntos actos de corrupción y luchas de poder que trascienden las líneas partidistas, involucrando ahora a la FGR.