El exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, fue trasladado al penal de máxima seguridad de El Altiplano para enfrentar un nuevo proceso judicial, esta vez por el delito federal de operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de 73.9 millones de pesos. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de ocultar el origen de estos fondos, presuntamente desviados de un peculado de 96.6 millones de pesos, a través de un entramado de empresas entre 2012 y 2016. La detención y el inicio de este proceso federal representan un cambio significativo en la situación jurídica de Duarte, quien ya enfrentaba un proceso local en Chihuahua y se encontraba en libertad condicional. La FGR presentó al menos 100 datos de prueba, incluyendo declaraciones fiscales y depósitos bancarios, para sustentar la acusación.
Entre las empresas señaladas se encuentran “Unión Ganadera Regional División del Norte” y “Ganadera El Saucito Balleza”, donde su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, figuraba como socia mayoritaria.
La investigación federal también involucra a los hijos del exmandatario.
La defensa de Duarte argumenta que este nuevo proceso viola el principio de no ser juzgado dos veces por la misma causa, ya que afirman que los hechos son los mismos que se investigan en el fuero común de Chihuahua. Sin embargo, la FGR procedió con la detención y la jueza de control María Jazmín Ambriz López, electa en la reciente elección judicial, definirá si lo vincula a proceso. Este movimiento de la FGR subraya la determinación del gobierno federal de perseguir casos de corrupción de exmandatarios de oposición, consolidando una narrativa de combate a la impunidad de administraciones pasadas.
En resumenCésar Duarte fue trasladado al penal de El Altiplano para enfrentar un nuevo proceso federal por lavado de 73.9 millones de pesos, presuntamente desviados a través de empresas familiares entre 2012 y 2016. La FGR presentó más de 100 pruebas, mientras la defensa alega que se le juzga dos veces por el mismo delito, marcando una nueva fase en el combate a la corrupción de exgobernadores.