Según las autoridades, utilizaba su posición en la CATEM para encubrir una red de extorsiones contra comerciantes, transportistas y ganaderos en la región. El gobernador de Durango, Esteban Villegas, fue contundente: “Nadie puede decir que no era de la CATEM. La verdad es algo insólito porque todos los que vivimos aquí sabemos que era de la CATEM”. Por su parte, Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, aseguró que “no se puede defender lo indefendible” y que existía evidencia de su participación en reuniones con líderes nacionales del sindicato. Este caso exhibe la presunta infiltración del crimen organizado en estructuras sindicales afines al gobierno federal, generando una crisis de credibilidad y un enfrentamiento directo entre los gobernadores de oposición (PRI) y una organización liderada por una figura prominente de Morena.