El caso se hizo público en 2024, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, acusaron a Casar de un presunto fraude por 31 millones de pesos, argumentando que la muerte de su esposo fue un suicidio y no un accidente laboral, lo que invalidaría el derecho a la pensión. A pesar de que un juez ordenó a Pemex restituir los pagos suspendidos, la FGR ha decidido proceder penalmente, lo que intensifica la tensión entre el gobierno y las voces críticas de la sociedad civil.