En el caso de las personas morales, será obligatorio el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Las empresas de telecomunicaciones serán las responsables de resguardar la información personal, cumpliendo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales, y tendrán la facultad de suspender el servicio a las líneas que no cumplan con el registro. La suspensión implicará la imposibilidad de realizar llamadas, enviar mensajes o usar datos móviles hasta que se complete la vinculación. Esta política, que busca alinear la regulación mexicana con estándares internacionales, ha generado debate sobre el equilibrio entre la seguridad y la privacidad de los ciudadanos, otorgando a las corporaciones y al Estado un mayor control sobre la identidad de los usuarios de telefonía móvil.