La presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado una revisión sobre la constitucionalidad de las llamadas 'Leyes Esposa', reformas locales que obligan a los partidos a postular exclusivamente mujeres para gubernaturas en elecciones específicas, en medio de acusaciones de nepotismo. La polémica se centra en legislaciones de San Luis Potosí y Nuevo León, que podrían beneficiar a las esposas de los actuales gobernadores, Ricardo Gallardo (PVEM) y Samuel García (MC), respectivamente. Sheinbaum, aunque apoya la paridad de género, expresó dudas sobre la legalidad de forzar la candidatura de un género en un periodo determinado. “Estoy de acuerdo en que los partidos políticos, cuando se trata de Gubernaturas, decidan la mitad de candidatos mujeres y la mitad hombres, eso es bueno y está en la Constitución, pero otra cosa distinta es decir obligatoriamente que en el próximo periodo tiene que ser mujer; ahí hay que ver si eso está dentro o no de la Constitución”, declaró. Informó que solicitó al exministro Arturo Zaldívar, actual Coordinador de Política de la Presidencia, analizar si estas leyes locales se apegan al marco constitucional.
La reforma en San Luis Potosí, apodada 'Ley Ruth', beneficiaría a Ruth González, esposa del gobernador Gallardo, para la contienda de 2027. En Nuevo León, una iniciativa similar, conocida como 'Ley Mariana', podría favorecer a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador García.
Sheinbaum reiteró su rechazo a la sucesión de familiares directos en cargos de elección popular, recordando que el Congreso aprobó una reforma que, a partir de 2030, prohibirá que parientes hasta en cuarto grado se postulen para el mismo puesto. Esta situación evidencia una tensión entre los principios de paridad de género y la lucha contra el nepotismo, poniendo a prueba la coherencia de los partidos y la capacidad de las instituciones para regular la sucesión del poder.
En resumenLa presidenta Sheinbaum cuestiona la constitucionalidad de las 'Leyes Esposa' en San Luis Potosí y Nuevo León, que obligan a postular mujeres para gubernaturas, ante el riesgo de que se utilicen para favorecer a familiares de los gobernantes. El caso pone de manifiesto el conflicto entre la paridad de género y el combate al nepotismo en la política mexicana.