Por un lado, altos funcionarios estadounidenses, como el secretario de Estado, Marco Rubio, han reconocido públicamente el esfuerzo del gobierno mexicano. “El Gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia”, afirmó Rubio, destacando que, aunque “queda mucho por hacer”, existe una cooperación efectiva. Esta visión es compartida por el embajador Ronald Johnson, quien aseguró que la coordinación se seguirá profundizando. En el centro de esta colaboración se encuentra el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, identificado por medios como The New York Times como el enlace clave con las agencias de seguridad estadounidenses, cuyo liderazgo ha permitido un mayor intercambio de inteligencia. No obstante, esta narrativa de éxito coexiste con una postura más agresiva desde la Casa Blanca y el ala conservadora del Congreso.

El propio presidente Trump ha reiterado su disposición a ordenar ataques contra cárteles en territorio mexicano y recientemente declaró el fentanilo como “arma de destrucción masiva”, una designación que amplía las justificaciones para posibles intervenciones. A esto se suman las críticas de legisladoras como María Salazar, quien acusa a México de ser un “espectador” frente a las dictaduras en Cuba y Venezuela y exige una postura más firme contra los cárteles, reflejando la presión constante para que México se alinee con los intereses geopolíticos de Washington.