Uno de los ejes centrales ha sido la construcción de un Plan de Desarrollo Institucional con participación ciudadana, recabando cerca de 90 propuestas de colegios de abogados y la sociedad civil. Además, se han iniciado los trabajos para implementar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el objetivo de que el estado esté preparado un año antes del plazo legal. En el pilar de modernización, en colaboración con FICOSEC, se avanza en la digitalización y estandarización de procesos para reducir tiempos de resolución. También se impulsa un Sistema Integral de Consulta Estadística Judicial para fortalecer la rendición de cuentas. En materia operativa, se reportan mejoras tangibles, como un incremento de hasta 67% en la productividad de las Unidades de Notificación. Para combatir el rezago, se implementaron audiencias intensivas que en solo tres días atendieron 81 asuntos de robo. Durante este periodo, los juzgados de primera instancia resolvieron más de 8,000 asuntos en materias civil, mercantil, familiar y penal, mientras que las salas de segunda instancia resolvieron casi 800 casos.

La nueva administración también ha consolidado la “Justicia Itinerante” para llevar servicios a comunidades remotas.