Esta decisión ha generado un intenso debate sobre la soberanía hídrica y el impacto en los productores locales. La medida, confirmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la propia presidenta, implica el trasvase de agua desde la presa El Cuchillo en Nuevo León y el uso de caudales del río San Juan para abonar a la deuda hídrica con Texas. La presidenta Sheinbaum ha defendido la acción como un “buen acuerdo” alcanzado en consenso con los gobernadores de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, asegurando que “prácticamente no hay afectación a los agricultores del norte de México”. Sostuvo que el cumplimiento del tratado se realiza de manera legal y con el objetivo de minimizar el impacto en las regiones productivas, afectadas ya por la sequía.

Sin embargo, la decisión ha generado preocupación en los estados del norte. En Tamaulipas, el trasvase desde El Cuchillo activó alertas por la posible crecida del río San Juan, mientras que productores agrícolas expresaron su inquietud, ya que el agua cruzará la región sin que puedan aprovecharla.

El contexto se torna más complejo debido a la presión del gobierno estadounidense de Donald Trump, quien amenazó con imponer aranceles si México no cumplía con sus compromisos hídricos. El gobierno mexicano ha respondido que las entregas se harán “conforme a la disponibilidad de agua existente en la cuenca mexicana” y priorizando siempre el consumo humano. Esta situación pone de manifiesto el delicado equilibrio que debe mantener el gobierno federal entre sus obligaciones internacionales, las presiones políticas externas y las necesidades de los productores nacionales en un contexto de escasez de agua.