En respuesta, la representante del gobierno para el Mundial, Gabriela Cuevas, admitió que el acuerdo inicial, firmado por la administración priista, contemplaba beneficios fiscales por hasta diez años. “Es cierto que el contrato firmado por el Gobierno de Peña Nieto lastimaba las finanzas de México y dejaba a nuestro País en plena indefensión legal”, afirmó Cuevas. Sin embargo, aseguró que, por instrucciones de la presidenta Sheinbaum, se renegociaron exitosamente las condiciones. El gobierno actual sostiene que ha logrado acotar los beneficios, limitándolos a determinados bienes, personas y operaciones, y negando que las actividades comerciales de socios de la FIFA queden libres de impuestos. La narrativa oficial busca contrastar la gestión actual con la de su predecesor, en un claro intento por capitalizar políticamente la corrección de un acuerdo considerado perjudicial para el interés nacional, demostrando un cambio en la dinámica de influencia y negociación con organismos internacionales.