La Reforma Judicial y la Elección de Jueces por Voto Popular

La reforma al Poder Judicial Federal, que instaura la elección de jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular, se consolida como uno de los cambios institucionales más profundos y controvertidos del año. Esta transformación, impulsada por el obradorismo y continuada por la administración actual, ha generado un intenso debate sobre sus implicaciones para la democracia y el Estado de derecho en México. Analistas y voces críticas señalan que la medida representa una “degradación de la legalidad” y un “absurdo que esconde la verdadera intención: anular a uno de los poderes fundamentales de la República”. Argumentan que el objetivo real es terminar con la independencia judicial para eliminar cualquier contrapeso a las decisiones del Ejecutivo y el Legislativo. Un artículo califica la reforma como un “acto de venganza” del expresidente López Obrador que, en la práctica, destruyó el capital humano del Poder Judicial al imponer, mediante una “farsa de una elección sin ciudadanos”, a juzgadores afines al régimen con “95% lealtad, 5% capacidad”. Se critica que la elección popular politiza una función que requiere imparcialidad y profesionalismo, abriendo la puerta a que los jueces se conviertan en “empleados del régimen político” o, peor aún, en “mercadres de la justicia”. Por otro lado, consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) calificaron la organización de esta elección judicial en 2025 como el mayor reto que ha enfrentado el instituto. Señalaron que fue un proceso inédito, sin un marco normativo claro, con vacíos legales, restricciones presupuestales y una complejidad operativa que obligó al INE a innovar sobre la marcha, dejando incluso de realizar actividades estándar como la emisión de plantillas braille o la organización del voto en el extranjero por falta de presupuesto. La experiencia de 2025 se considera un precedente para el desafío que representará la concurrencia de elecciones judiciales y federales en 2027.

En resumen

La reforma judicial que establece la elección de jueces por voto popular ha sido implementada, siendo calificada por críticos como un retroceso para la independencia judicial y la democracia, mientras que para el INE representó el mayor desafío organizativo de 2025 debido a su complejidad y falta de regulación previa.