“Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no.

Entonces, ¿cómo le vas a poner un impuesto?, ¿quién va a determinar esa circunstancia?”, cuestionó.

Aunque la mandataria había solicitado su retiro durante el proceso legislativo, la medida quedó asentada en la Ley del IEPS y en la Ley de Ingresos. Sin embargo, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, advirtió que el Ejecutivo no tiene la facultad para “inaplicar una contribución vigente”, ya que esto genera un “problema jurídico”. Monreal aclaró que el impuesto tiene base legal y que la solución correcta es que el Congreso modifique la ley para derogarlo, para lo cual esperarán una iniciativa presidencial. En lugar del gravamen, el gobierno federal optará por fortalecer campañas de concientización dirigidas a adolescentes y jóvenes sobre los posibles efectos del uso excesivo de estos contenidos, en el marco de una estrategia para la “construcción de la paz”. La decisión fue celebrada por legisladores de oposición, como los de Movimiento Ciudadano, quienes desde el inicio calificaron la propuesta como una “ocurrencia” inviable y una “puerta que se abría al autoritarismo”.