Morena impulsa la despenalización de la muerte asistida en México

Una iniciativa en la Cámara de Diputados, impulsada por Morena, busca despenalizar la muerte asistida para mayores de 18 años que la soliciten por escrito. La propuesta representa un cambio significativo en la legislación sobre el derecho a una muerte digna, alineándose con tendencias internacionales y una creciente aceptación pública en el país. La propuesta, presentada por la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, busca reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para permitir la eutanasia y el suicidio asistido bajo un estricto marco regulatorio. Según la iniciativa, la muerte asistida se define como la “terminación intencional de la vida” practicada por personal médico autorizado a solicitud expresa de la persona. El proceso requeriría una solicitud por escrito que sería evaluada por un Comité de Bioética para determinar la “aptitud de la persona y la procedencia de la solicitud”. La Secretaría de Salud sería la encargada de emitir los lineamientos, protocolos y formatos, incluyendo “tiempos de reflexión para la aprobación y ejecución del procedimiento”. Un aspecto clave es que el personal médico autorizado podría negarse a realizar el procedimiento, en cuyo caso la institución de salud deberá asignar a otro médico no objetor de conciencia. La iniciativa se apoya en datos de la Segunda Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad 2022, que revela que el 68.6% de los encuestados considera que las personas en fase terminal “deberían tener la opción de adelantar su muerte”. Además, el 72.7% cree que se “deben cambiar las leyes para permitir que los enfermos puedan recibir ayuda para terminar con su vida si así lo deciden”.

Este impulso legislativo coloca a México en el debate global junto a países como Suiza, Colombia, Bélgica, Canadá y España, que ya cuentan con alguna regulación en la materia.

En resumen

La iniciativa de Morena para despenalizar la muerte asistida en México para adultos con solicitud expresa y bajo supervisión médica y de comités de bioética, refleja un cambio potencial en los derechos al final de la vida, respaldado por una mayoría de la opinión pública nacional y en línea con legislaciones de varios países.