Congreso mantiene “congeladas” 30 iniciativas contra reclutamiento de menores por el crimen

A pesar de la urgencia nacional y la creciente vulnerabilidad de la niñez, la Cámara de Diputados mantiene paralizadas al menos 30 iniciativas que buscan tipificar y sancionar el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado. Esta inacción legislativa contrasta con la prioridad establecida por el propio gobierno federal para el periodo 2025-2030 y las alarmantes cifras de organizaciones civiles. La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) estima que entre 145,000 y 250,000 niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados por grupos delictivos, especialmente en estados como Veracruz, Michoacán, Estado de México y Jalisco, donde convergen factores de pobreza, abandono escolar y violencia. A pesar de que legisladores de todos los partidos han presentado propuestas para castigar a quienes obliguen a menores a participar en actividades ilícitas, ninguna ha prosperado. Las iniciativas proponen penas que van desde los 20 hasta los 140 años de prisión, como la presentada por el diputado panista Héctor Saúl Téllez. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, expresó su confianza en que se logren acuerdos para aprobar una reforma en el próximo periodo de sesiones que inicia en febrero, destacando que debe tener un enfoque tanto preventivo como punitivo. El tema cobró nueva relevancia tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a manos de un sicario de 17 años. El diputado Ricardo Mejía (PT) calificó esto como una muestra de la “sangría de nuestros jóvenes usados por la delincuencia organizada” y aseguró que la Comisión de Justicia prevé discutir las propuestas en enero para establecer el tipo penal de reclutamiento forzado.

En resumen

La parálisis legislativa en la Cámara de Diputados sobre 30 iniciativas para penalizar el reclutamiento de menores por el crimen organizado evidencia una desconexión con la urgencia del problema. A pesar del consenso político sobre la gravedad del fenómeno y las cifras alarmantes, la falta de dictaminación deja un vacío legal que perpetúa el riesgo para miles de jóvenes en México.