Sin embargo, la diputada de Movimiento Ciudadano, Alejandra García Morlán, denunció que se trata de un ejercicio para “engañarse a sí solo”, acusando al gobierno de presionar a trabajadores y alcaldes para asegurar la participación. La convocatoria fue posible tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que validó reformas locales para acortar los plazos del proceso, como la reducción de 90 a 30 días para la organización de la jornada de votación una vez emitida la convocatoria.