El gobierno peruano aún no ha otorgado el salvoconducto que le permitiría abandonar el país.

Este caso ha llevado a Perú a proponer ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) un reforzamiento de los procedimientos del asilo diplomático para evitar que se convierta en “un instrumento para eludir la justicia”. El canciller peruano, Hugo de Zela, advirtió sobre una “evolución negativa en la utilización del derecho de asilo”, argumentando que se está otorgando a personas que no sufren persecución política en Estados democráticos. Mientras tanto, el gobierno interino de Perú ha declarado que se tomará un tiempo indefinido para analizar el caso antes de decidir sobre el salvoconducto.