Este manual pretende estandarizar los procedimientos y asegurar una atención más eficaz a las víctimas.

La estrategia también incluye la obligación para las fiscalías estatales de iniciar el registro de incidencia delictiva conforme a los nuevos lineamientos a partir de enero de 2026, lo que permitirá una medición más precisa del fenómeno. Estas acciones se enmarcan en una apuesta del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum para frenar el cobro de piso desde la norma, la operación y el control de resultados.