Los panistas calificaron el suceso de “negligencia criminal” y lo vincularon a una presunta red de corrupción operada por los hijos del expresidente López Obrador, Gonzalo “Bobby” López Beltrán, quien fue supervisor honorífico de la obra, y su amigo Amílcar Olán, proveedor de balasto. La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) también denunció la “mala calidad de los trabajos” realizados por constructoras como Grupo La Peninsular y COMSA.