Yo creo que nunca”.

Enfatizó que se debe “garantizar la libertad de expresión por encima de todo” y que, si el periodista cometió algún delito, este debe ser aclarado y no estar relacionado con su labor informativa. Tras la declaración presidencial, la gobernadora Rocío Nahle cambió su postura inicial de respaldo a la fiscalía y se alineó con Sheinbaum, afirmando que “no hay terrorismo en México” y que se debe revisar el código penal estatal. La detención de León Segovia, reportero de nota roja, se basó supuestamente en la declaración de un “testigo protegido”. Organizaciones como Artículo 19 condenaron el uso del sistema penal contra periodistas, advirtiendo sobre un “efecto inhibidor” en un estado considerado de alto riesgo para la prensa. La situación jurídica del comunicador se definirá en una audiencia de vinculación a proceso este 30 de diciembre.