La Reforma Judicial y la Elección Popular de Jueces Sacuden a México

La primera elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, celebrada en junio de 2025, marcó un hito en la historia de México y consolidó una de las reformas más profundas y controvertidas de la Cuarta Transformación. Esta medida, heredada del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, busca democratizar la justicia, pero ha generado serias advertencias sobre la independencia judicial y el equilibrio de poderes. El proceso electoral se caracterizó por una baja participación ciudadana, con menos del 13% de la lista nominal emitiendo su voto. La jornada estuvo marcada por controversias, como el reportado uso de “acordeones” presuntamente financiados con recursos públicos para inducir el voto hacia candidatos afines al oficialismo. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el ejercicio como un “éxito para democratizar la justicia”, pero la reforma fue recibida con escepticismo por organismos como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que advirtieron sobre los riesgos para la independencia judicial y el derecho a un juicio justo. La implementación de la reforma provocó renuncias masivas de funcionarios judiciales y una polarización social en torno a la certidumbre legal del país. En estados como Chihuahua, el debate transitó de una oposición inicial al modelo federal a una lucha interna por el control político local del Poder Judicial. La elección del abogado de origen mixteco, Hugo Aguilar Ortiz, como primer presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) electo por voto popular, simboliza este cambio estructural. Con una segunda ronda de elecciones programada para 2027, los efectos a largo plazo de esta transformación en el sistema de justicia y en el equilibrio de poderes se observarán con mayor claridad a partir de 2026.

En resumen

La elección judicial de 2025 representa un cambio fundamental en la estructura del poder en México, transformando al Poder Judicial en un órgano electo popularmente. Aunque el gobierno lo presenta como un avance democrático, persisten profundas preocupaciones sobre su impacto en la independencia judicial, la certeza jurídica y el riesgo de captura política, sentando un precedente complejo para el Estado de derecho en el país.