La misma pena máxima fue impuesta a sus cómplices: su sobrino, Jair Mauricio Domínguez, y el sicario Silvestre Vargas Ruiz.

La Fiscalía General del Estado acreditó que el crimen fue una represalia por las denuncias que Monzón había presentado contra López Zavala por violencia familiar y pensión alimenticia. El proceso judicial, que se extendió por más de tres años, estuvo marcado por tácticas dilatorias por parte de la defensa. Helena Monzón, hermana de la víctima y abogada, celebró el fallo y destacó que el tribunal consideró como agravante el actuar “impune” de los acusados. El gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, aplaudió la sentencia, afirmando que “envía un mensaje de esperanza para los casos de violencia en contra de las mujeres”. Colectivos feministas y organizaciones que acompañaron el caso también celebraron la resolución, calificándola como un precedente histórico que fortalece la justicia con perspectiva de género en México.