La FGE argumentó que su pronta llegada a las escenas del crimen era indicio de conocimiento previo y posible colusión con grupos delictivos. La presidenta Sheinbaum cuestionó la imputación: “No sé por qué la Fiscalía usa el delito de terrorismo. Tendrá que explicarlo (...) libertad de expresión por encima de todo”. Tras la presión pública, un juez de control desestimó el cargo de terrorismo por falta de pruebas, pero vinculó a proceso al periodista por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, imponiéndole un año de prisión domiciliaria. Organizaciones como Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunciaron que el proceso criminaliza el trabajo periodístico, especialmente el contacto con fuentes, y genera un “efecto inhibidor” en el gremio. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, defendió la actuación de la fiscalía, asegurando que se basa en evidencias. El propio periodista, tras la audiencia, declaró: “La fiscalía me odia.

Me detesta por las cosas que he publicado”, y denunció irregularidades y robo durante su detención.