Finalmente, un juez de control determinó que no existían pruebas suficientes para sostener el delito de terrorismo, aunque vinculó a proceso al periodista por cargos menores como encubrimiento por favorecimiento y ataques a las instituciones, imponiéndole prisión domiciliaria. El propio periodista denunció que la acusación derivaba de una “animadversión personal” de la fiscal por su labor crítica. Tras la destitución, la FGE designó a Braulio Salvador Conde Rivas como nuevo fiscal regional en Coatzacoalcos.