Esta reforma, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, revirtió la política del sexenio anterior que permitía a cualquier profesionista con licenciatura competir por una plaza mediante un examen.

La SCJN también validó las facultades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para definir los procesos de admisión y promoción, al considerar que la ley establece los lineamientos suficientes para que la autoridad administrativa diseñe los programas correspondientes, descartando una omisión legislativa.