Acusación sin pruebas: Gobierno señala inversión millonaria en 'bots' opositores

El Gobierno de México, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha acusado a opositores de invertir 90 millones de pesos en cuentas automatizadas para orquestar campañas digitales, una afirmación que hasta ahora carece de verificación independiente.

La presidenta Claudia Sheinbaum denunció una presunta inversión de al menos 90 millones de pesos por parte de actores de la oposición para operar “bots” en redes sociales. Durante su conferencia matutina, y con base en información del área de monitoreo digital de Presidencia, Infodemia, afirmó que el objetivo de estas cuentas automatizadas era impulsar campañas contra el Gobierno federal y amplificar la convocatoria a la reciente marcha juvenil conocida como “Generación Z”.

La mandataria hizo un llamado a los jóvenes a “no dejarse manipular” y a verificar quiénes administran las cuentas que organizan movilizaciones. A pesar de la contundencia de la cifra, la denuncia gubernamental no ha sido respaldada por ninguna auditoría externa, informe académico o verificación independiente que confirme el monto, el origen de los fondos o los actores específicos involucrados.

Las afirmaciones provienen exclusivamente de fuentes oficiales, sin que se hayan presentado documentos públicos como contratos, facturas o análisis técnicos que las sustenten.

Por su parte, los partidos de oposición no han emitido una respuesta formal con evidencia para desmentir o confirmar la versión del gobierno. Esta no es la primera vez que el gobierno señala el uso de bots con fines políticos. En marzo de este año, se reportó una campaña relacionada con el caso del rancho Izaguirre en Jalisco, que supuestamente implicó un gasto de 20 millones de pesos en cuatro días. Adicionalmente, se hizo referencia a un análisis previo que habría identificado 147 mil cuentas automatizadas generando más de 1.3 millones de menciones contra funcionarios federales.

Si bien el uso de bots y redes coordinadas en México está documentado por instituciones como el Oxford Internet Institute, Freedom House y Signa_Lab del ITESO, estos estudios se centran en describir patrones de comportamiento —como actividad inusual, creación reciente de perfiles y coordinación en publicaciones— pero ninguno ha cuantificado los montos económicos asociados a operaciones políticas en el país. La denuncia se produce en un clima de alta confrontación política, donde la cifra de 90 millones de pesos permanece como una declaración gubernamental sin corroborar por fuentes externas.