PRI y víctimas acusan chivo expiatorio y obstáculos en la investigación del Tren Interoceánico

Tras el accidente del Tren Interoceánico, legisladores del PRI y víctimas denuncian que se busca culpar al conductor para encubrir fallas de construcción y acusan opacidad en las investigaciones de la Fiscalía General de la República.

La bancada del PRI en el Senado y víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico han señalado que el accidente, que dejó 14 muertos, se debió a graves fallas en el diseño y construcción de la obra, y no a un error del conductor, a quien acusan de ser utilizado como "chivo expiatorio" por la Fiscalía General de la República (FGR). Las senadoras priistas Carolina Viggiano y Claudia Anaya argumentaron que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había documentado previamente irregularidades graves. Entre las fallas señaladas se encuentran la colocación de vías de calibre distinto al del tren, el uso de durmientes incompatibles con el balasto y pagos por obras no ejecutadas. Viggiano afirmó que responsabilizar al operador es un intento de eximir a los involucrados en la obra, a quienes se refirió como "amigos de los hijos de AMLO". Las legisladoras exigieron un peritaje externo para determinar las responsabilidades técnicas, similar al realizado en el caso de la Línea 12 del Metro, y lamentaron la falta de autonomía de la FGR. Paralelamente, víctimas del accidente que viajaban en el tren el 28 de diciembre interpusieron una querella por lesiones culposas y otros delitos.

Han denunciado que la FGR les ha negado el acceso a la carpeta de investigación y no les ha notificado sobre la audiencia inicial. Su denuncia apunta a funcionarios de la Secretaría de Marina, la SICT, las empresas constructoras y a Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien fungió como “supervisor honorífico”. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha minimizado la responsabilidad de López Beltrán, afirmando que su papel fue honorífico y que la supervisión técnica recayó en los ingenieros a cargo. Mientras tanto, los denunciantes y sus abogados insisten en su derecho al acceso a la justicia y a la verdad, y uno de los sobrevivientes, Juan Manuel Iglesias López, exigió que cualquier funcionario que haya incurrido en omisión o corrupción sea castigado conforme a la ley.