Redim advierte que la violencia contra la niñez en México alcanzó niveles críticos en 2025



La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) presentó su Balance Anual 2025, en el cual califica como “crítica” la situación de violencia que enfrenta la niñez y adolescencia en el país. Entre enero y noviembre de 2025, se registraron mil 991 homicidios de menores de edad.
Aunque esta cifra representa una reducción del 11.5 % respecto a 2024, la organización la considera “alarmante”.
Además, se contabilizaron 58 feminicidios de niñas y adolescentes, lo que equivale a un caso cada cinco días y medio.
El informe destaca un drástico aumento del 30 % en las desapariciones en comparación con el año anterior, con 10 mil 684 reportes de menores desaparecidos, de los cuales 2 mil 850 aún no han sido localizados. La violencia armada también tuvo un impacto letal, causando la muerte de 565 menores por arma de fuego. Otras problemáticas graves incluyen la trata de personas, con 278 víctimas identificadas, y el reclutamiento forzado y secuestro por parte de grupos delictivos, con 56 casos registrados de menores en conflicto con la ley penal por este delito. Redim señala que esta violencia afecta de manera desproporcionada a poblaciones vulnerables como niñas, niños y adolescentes indígenas, migrantes, mujeres y aquellos en situación de pobreza. La organización atribuye la persistencia de esta crisis a factores como la normalización de la violencia, la alta presencia del crimen organizado, la débil capacidad institucional, la impunidad y la falta de coordinación entre autoridades para la búsqueda de desaparecidos. La falta de acceso a servicios básicos y espacios seguros agrava la vulnerabilidad de los menores, quienes además sufren secuelas psicológicas y emocionales. Ante este panorama, Redim entregó el informe a la presidencia de México, encabezada por Claudia Sheinbaum, y urgió al Estado mexicano a fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). La organización demandó que las políticas de seguridad prioricen la protección infantil, se invierta en prevención y programas comunitarios, y se asignen presupuestos suficientes para garantizar una infancia libre de violencia. También se resaltó la importancia de escuchar las voces de los propios niños y adolescentes en la creación de políticas públicas.













