Negligencia y Dolor: La Lucha Legal Tras el Incendio en Waldo's de Hermosillo

Tras el devastador incendio en una sucursal de Waldo's en Hermosillo que cobró 24 vidas, los familiares de las víctimas han iniciado acciones legales contra la empresa, acusándola de negligencia grave y desatando un debate sobre la seguridad de la infraestructura en la ciudad.

A una semana del incendio y explosión en una tienda Waldo's del centro de Hermosillo, que dejó un saldo de 24 muertos y 14 heridos el 1 de noviembre, los familiares de las víctimas han comenzado un proceso legal contra la cadena comercial por presunta negligencia y omisiones graves. La familia de Marco Segundo Reyes, un empacador que se convirtió en la víctima mortal número 24, encabeza la demanda, exigiendo que la empresa asuma la responsabilidad por todas las vidas perdidas, entre las que se encontraban menores de edad. Las investigaciones preliminares indican que la tragedia fue provocada por la explosión de un transformador eléctrico que operaba en condiciones irregulares dentro del establecimiento. Se reveló que la tienda carecía de un Programa Interno de Protección Civil, lo que impidió una evacuación oportuna de empleados y clientes. Familiares de otras víctimas, como Joanna Hernández, una cajera de 20 años, y la Unión de Usuarios de Hermosillo, señalaron que los apagones constantes y el deterioro de la red eléctrica en la ciudad eran problemas conocidos, apuntando a una responsabilidad compartida entre la tienda, las autoridades gubernamentales y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la falta de mantenimiento. La tragedia ha generado una fuerte reacción en la comunidad y el sector comercial.

Cientos de personas han marchado para exigir justicia, mientras que el Patronato Pro Obras del Centro Histórico y Comercial de Hermosillo ha instado a los empresarios a reforzar sus protocolos de seguridad, como señalización y extintores, y a colaborar con Protección Civil para prevenir futuros incidentes.

Por su parte, el fiscal general del estado confirmó que se iniciarán procesos penales, civiles y administrativos contra los funcionarios y particulares que resulten responsables por las omisiones que contribuyeron al desastre.

Mientras tanto, las familias de los fallecidos mantienen su exigencia de justicia inmediata y garantías de no repetición.