Crisis en el Campo: Productores Exigen Precios Justos Mientras el Gobierno Apuesta por la Sostenibilidad



Productores de maíz de Guanajuato, Michoacán, Jalisco y la zona del Bajío han advertido que bloquearán carreteras y casetas de cuota el próximo lunes si el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no establece un precio de garantía de 7,200 pesos por tonelada para su producto. La movilización, liderada por Álvaro López Ríos de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), podría escalar hasta la Ciudad de México con maquinaria agrícola si no reciben una respuesta favorable de las Secretarías de Gobernación y de Agricultura. La principal queja de los agricultores es la inviabilidad económica de su actividad. Según López Ríos, los costos de producción, que incluyen la preparación de la tierra, semillas, fertilizantes y jornales, ascienden a cerca de 55,500 pesos por hectárea, mientras que el precio de venta actual del maíz ronda los 4,800 pesos por tonelada.
“No salen las cuentas”, afirmó el dirigente, subrayando la disparidad entre la inversión y las ganancias. López Ríos criticó duramente la política agrícola federal, asegurando que los gobiernos de la “cuarta transformación” han reducido el presupuesto rural y desmantelado programas e instituciones de apoyo como la Financiera Rural. Sostuvo que, a pesar del discurso oficial sobre la autosuficiencia alimentaria, la dependencia de México de las importaciones es “clara y dramática”, ya que el país produce menos del 50% del maíz que consume. El líder campesino atribuyó el declive del campo a políticas implementadas desde la firma del TLCAN, que, según él, han provocado una caída en la autosuficiencia alimentaria del 72% al 42% en los últimos 37 años. En contraste con estas demandas, una representante de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ), Araceli Vargas Mena y Amezcua, posiciona a México como un país de vanguardia en América Latina en políticas de agricultura sostenible. Destacó la colaboración con la Secretaría de Agricultura para desarrollar políticas que promuevan prácticas como la conservación de suelos, el ahorro de agua y la reducción de agroquímicos. Esta visión se alinea con un anuncio gubernamental de abril sobre una inversión de más de 83,760 millones de pesos hacia 2030 para apoyar a 750,000 productores y alcanzar la soberanía alimentaria.
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