
Protestas sociales en Ecuador y Perú



En Ecuador, las protestas estallaron el 22 de septiembre tras la eliminación del subsidio al diésel por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa, lo que elevó su precio en un 56%. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó a un paro nacional por tiempo indefinido, principalmente en la provincia de Imbabura. El gobierno ha calificado las manifestaciones como “actos terroristas”, denunciando la infiltración de mafias como el Tren de Aragua, y amenaza a los responsables con penas de hasta 30 años de cárcel. El conflicto ha dejado un saldo de un manifestante indígena fallecido, 90 detenidos y 48 civiles heridos, según la Alianza por los Derechos Humanos.
Además, 17 militares fueron retenidos por civiles; cuatro de ellos ya fueron liberados.
La Conaie se desmarcó de la retención, calificando la acusación de secuestro como un “pretexto” del Ejecutivo para reprimir. Organismos como la ONU han instado al gobierno a detener la represión militar.
Paralelamente, en Perú, las calles de Lima han sido escenario de protestas lideradas por el colectivo juvenil conocido como “Generación Z”, al que se sumaron transportistas. Las manifestaciones, iniciadas el 20 de septiembre, expresan el rechazo a la clase política, la corrupción, una reforma de pensiones y la ola de extorsiones del crimen organizado. Los enfrentamientos con la policía en el centro de Lima han sido violentos, con manifestantes lanzando piedras y bombas incendiarias, y las fuerzas del orden respondiendo con gases lacrimógenos. El balance de las protestas en Perú es de al menos 74 personas heridas, entre las que se cuentan 26 policías y nueve periodistas. La Asociación Nacional de Periodistas de Perú denunció que varios reporteros fueron agredidos con perdigones de goma, presuntamente por agentes policiales. Organizaciones de derechos humanos han reportado 39 civiles heridos y han denunciado un uso excesivo de la fuerza. El Ministerio del Interior informó de la detención de 10 personas.
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